Los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan el libre acceso a la información. La ausencia en el país de una ley de acceso a información ha sido cubierta, reiteradamente, por fallos de la Sala Constitucional.

Existe una enorme carencia de cultura sobre la responsabilidad individual y grupal de dar acceso a todos los ciudadanos a toda la información de las instituciones del Estado.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2016 adoptó el Programa Interamericano sobre Acceso a Información que define que los países miembros deben avanzar en la adopción, gestión y diseminación de esquemas de publicación ágiles y modernos que permitan el acceso a la información que está en posesión de la autoridad pública a efectos de minimizar la necesidad de que los individuos presenten solicitudes de información.

Internet es una herramienta perfecta para ese propósito. Esto implica que todas las instituciones públicas deben tener un sitio en el cual, de forma correcta y pensando en el usuario, se incluyan en versiones de fácil manejo todos los documentos del quehacer institucional. Todos. Esta tarea corresponde a cada funcionario, puede ser gestionada por un departamento específico, pero debe ser responsabilidad de todo trabajador público llevar al sitio oficial de su institución cualquier tipo de material de interés público, acuerdos y actas de junta directiva, reglamentos, entre otros.

El acceso a la información es un derecho humano y la ejecución de ese derecho se convierte en un deber de todos los funcionarios públicos. Más allá de una ley, se trata de desarrollar una cultura, la cual pasa por ejecutar una visión que sin duda debe ser compartida por usted: la información pública garantiza la participación ciudadana y fortalece la confianza en las instituciones y la democracia.