Señor
Manuel González Sanz
Ministro de Relaciones Exteriores
Canciller de Costa Rica

Estimado señor:
Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra preocupación por uno de los temas de discusión de la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en la ciudad de Asunción de Paraguay los días 5 y 6 de junio del presente año.

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que reúne a 23 organizaciones de 19 países de las Américas seguimos atentamente el denominado proceso de “Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos” que culminó con la Asamblea General Extraordinaria de marzo de 2013. En dicha oportunidad, los Estados miembros de la Organización, incluyendo el Estado costarricense, valoraron los esfuerzos realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer sus trabajos dentro de un marco de independencia y autonomía, y dieron por terminado el proceso.

Pese a esta decisión de consenso, algunos Estados han promovido una serie de reuniones paralelas que han denominado como “Conferencia de Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Dichas reuniones, de las que ha hecho parte la representación del gobierno colombiano, han tenido carácter privado y excluyente, lo cual va en contravía con los principios de transparencia y publicidad propias de la función pública.

Nuestro principal motivo actual de preocupación es el hecho de que se esté promoviendo en la actual Asamblea de la OEA la adopción de una resolución que implemente acuerdos alcanzados en estas reuniones y que, de ser adoptada, menoscabaría gravemente la autonomía e independencia de la CIDH.

Tres aspectos de esta discusión nos parecen especialmente preocupantes: 1) La propuesta de modificar el Estatuto de la CIDH de manera unilateral por los Estados (en contravención con lo dispuesto por la Convención Americana y el Estatuto vigente) para promover un traslado de la sede de la CIDH a un país en el cual Colombia no tiene representación diplomática; 2) la creación de un grupo de trabajo de carácter estatal que supervisaría el trabajo de las relatorías de la CIDH, en violación de su autonomía en el ejercicio de sus mandatos e instrumentos; 3) la creación de restricciones a la autonomía de la CIDH para distribuir su presupuesto, mediante la creación de un fondo regulado por los Estados que en la práctica tendría vigencia sobre más del cincuenta por ciento efectivo de los fondos con los que se financia la CIDH.

Señor Canciller, el sistema interamericano de derechos humanos es parte de los mecanismos de justicia y protección de los derechos fundamentales de los costarricenses. Por tanto, es deber de nuestro gobierno impedir que estos mecanismos sean debilitados. Nuestro país tiene además la responsabilidad de abanderar la defensa de estos mecanismos, no solo como herramientas de protección de los derechos de sus ciudadanos, sino también para proteger un sistema que es patrimonio de los pueblos de las Américas.

Es por ello que acudimos a usted para solicitarle que, en representación del gobierno costarricense, se oponga pública y enérgicamente a esta y a cualquier otra propuesta que busque limitar la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Atentamente,
Alejandro Delgado Faith
Presidente
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión – Costa Rica