El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX deplora las desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura Acojud, Adriana Orocú, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,  quien desconociendo el rol de la prensa y el de los jueces en el sistema democrático pretende atribuirle a la primera responsabilidades que no le corresponden. 

La señora presidente señala que cuando la prensa informa de las actuaciones de los jueces, se atenta contra su independencia.  Con ello se ignora el que la exigencia de transparencia en los procesos de toma de decisiones en la administración pública tiene fundamento en la esencia misma del sistema democrático y consecuentemente las deliberaciones reservadas y el secreto de Estado solamente pueden justificarse en casos excepcionales, lo cual lleva, como es lógico,  a que todos los funcionarios  públicos, incluyendo los  juzgadores, están obligados a la rendición de cuentas, ello tiene como fundamento el derecho de los ciudadanos a observar por dentro sus actuaciones, este y no otro  es el significado de la palabra transparencia.

Comprendemos que debe de existir un equilibro entre la labor de la prensa y la de los órganos de administración de justicia, pero ese balance jamás puede pasar, como lo pretenden las afirmaciones señaladas, por la censura o limitación de la libertad de  expresión, sino por el uso formal de los mecanismos que tiene el propio sistema jurídico para resolver los conflictos entre los ciudadanos, las instituciones y los medios de comunicación, pretender que la prensa no  informe es inaceptable. 

El trabajo de los medios entiende, porque es así, que  su función es reflejar la realidad y por  ello no pueden asumir la responsabilidad del descredito del sistema de administración justicia, la desconfianza de los ciudadanos  tiene su raíz en la experiencia del ciudadano con el sistema, y no en la imagen que de ella ofrezca la prensa.  La sociedad percibe con gran sensibilidad lo que sucede con las instituciones del Estado y la administración de justicia no es la excepción.

La actividad judicial lejos del conocimiento público,  debe ser parte de la historia pues se asienta en una premisa equivocada,  la de que el juez no debe explicaciones a la sociedad.  Nada más equivocado en el sistema democrático, los jueces responden ante quien los nombra, tanto por las decisiones que toman como por las que dejan de tomar y en esa rendición de cuentas la prensa juega, y seguirá jugando, un papel ampliamente reconocido y aceptado por la ciudadanía. 

Los medios de comunicación en su labor deben respetar los  derechos de las personas involucradas en casos judiciales y  los jueces, deben asumir que la tarea de juzgar no es asunto cuyo conocimiento pueda o deba estar reservado a quienes laboran en los tribunales; la sociedad tiene pleno derecho a saber cómo y por qué se establecen responsabilidades, se declaran culpables o  inocentes, por ello el juez está obligado a explicarse, a responder por sus actos y  en el mundo contemporáneo,  la sociedad se informa –de esto, como de otros los temas– a través de los medios, por ello pretender otra cosa no es más que obviar los tiempos. Con ello no se pretende trasladar del ámbito judicial lo que le es propio, pues el rol de la prensa y la judicatura es distinto, pero si es claro que en el Poder Judicial tienen cambios que realizar, la sociedad lo demanda y la prensa lo ha denunciado y lo seguirá haciendo como corresponde. 

Defendemos la prensa independiente y responsable, para que continúe, sin temores ni reparos en el cuestionamiento de la actuación judicial que se separe de su mandato, con el propósito, no de desprestigiar o intimidar a los  juzgadores y al sistema judicial, sino para obligar a que se produzcan cambios, ello lejos de constituir una interferencia con la recta administración de justicia, es sin lugar a cuestionamientos, una contribución indispensable para su mejoramiento. 

Si jueces y comunicadores admiten que comparten preocupaciones y principios en el juego democrático, se hallarán en condiciones de encontrar formas de entendimiento, pero no es con ataques como el hecho por la señora presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura Acojud, que se logrará superar un conflicto por demás necesario e ineludible, ello no para que unos sean colaboradores de los otros, idea que repugna a la independencia necesaria tanto en los jueces como de periodistas,  sino para que contribuyan, desde su función, al logro de aquello que todos queremos un sociedad democrática y transparente.