La Sala Constitucional mantuvo su posición sobre el acceso a información pública en lo relativo a los datos individuales pero despersonalizados sobre los enfermos por Covid-19.

El Ministerio de Salud, cumpliendo con el mandato, publicó una base de datos de los pacientes considerando: edad, sexo, nacionalidad, ubicación geográfica y en caso de ser extranjero su condición migratoria.

En su momento, el Ministerio de Salud alegó no contar con personal para organizar la información, no tenerla sistematizada dado que, entre otras razones, venía de fuentes diversas.

Sin embargo, finalmente, la información se organizó y se está publicando. En ese esfuerzo el Ministerio de Salud, y de igual forma la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), deben avanzar aún más para reportar datos actualizados y abiertos sobre las personas vacunadas.

Todo ello se enmarca dentro de las acciones de gobierno digital. El Estado costarricense ha definido como objetivo el establecimiento de bases técnicas y normativas para la apertura de datos públicos considerando frecuencia, neutralidad tecnológica e interoperabilidad de los datos, los cuales deben ser presentados de forma accesible y comprensible para la población.

Por su parte, la Comisión Nacional de Datos Abiertos ha venido ejecutando el decreto 40199 que estableció la apertura de datos públicos y publicó el año pasado la Guía nacional para la publicación de datos abiertos.

Desde el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) consideramos que cada institución pública debe organizarse para una apertura de datos continua y permanente, sin que tenga que mediar, un deseo expreso de algún ciudadano. El proceso no es fácil, pero es fundamental seguir dando pasos firmes en ese sentido para mejorar la confianza ciudadana y la gobernabilidad.

Para lograr esto las instituciones deben generar un cambio de cultura del personal con el fin de que se trabaje siempre bajo los principios de la transparencia y respetando los propios lineamientos que el Estado costarricense ha definido; esto con el fin adicional de incentivar la participación de las personas en la gestión pública.