Si Costa Rica desea preservar su larga tradición de democracia estable y pacífica, debe reconocer que la desinformación no es un problema marginal, sino un riesgo estructural para su cultura política.
En la antesala de las elecciones nacionales de 2026, Costa Rica enfrenta uno de los mayores desafíos contemporáneos para su estabilidad institucional: la expansión de la desinformación y de los discursos de odio en los espacios públicos y digitales. Ambos fenómenos, alimentados por el uso irresponsable de las redes sociales y la manipulación de contenidos en línea, están minando la calidad del debate democrático y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Las cifras revelan la magnitud del problema. Más del 81% de la población costarricense considera que las noticias falsas constituyen un peligro real para la democracia, mientras que el 86% reconoce que pueden influir directamente en los resultados electorales.
La anterior percepción se agrava con el auge de los mensajes de odio dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y grupos históricamente vulnerables como las mujeres, las personas migrantes y la comunidad LGBTIQ+. La violencia discursiva se ha normalizado, y con ella, el deterioro del respeto por la diferencia y la deliberación racional que sostiene a toda democracia plural.
Por eso, organizaciones y colectivos, academia e instancias comprometidas con promover un ambiente informativo transparente, responsable, plural y respetuoso de la dignidad humana, para fortalecer la democracia, presentaron el 31 de octubre una propuesta para un Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio en el marco de las Elecciones Nacionales del 2026 en Costa Rica.
Este acuerdo propone un conjunto de principios que trascienden el ámbito político y procuran restaurar la confianza en el espacio público. Entre ellos destacan el rigor en la verificación de los hechos, la responsabilidad pública, el pluralismo informativo y la transparencia en la comunicación.
El documento enfatiza la necesidad de corregir errores de manera inmediata, rechazar los mensajes extremistas y denunciar toda forma de manipulación deliberada, incluyendo los contenidos creados o alterados mediante inteligencia artificial. En un contexto donde la tecnología amplifica tanto las voces democráticas como las autoritarias, la ética y la alfabetización mediática se convierten en las mejores defensas frente a la distorsión informativa.
Se comprende, además, que la defensa de la democracia no puede recaer exclusivamente en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Requiere, más bien, de una alianza activa entre medios, periodistas, partidos políticos, academia y ciudadanía. Cada actor tiene una cuota de responsabilidad en la preservación de un debate informado:
El Acuerdo Nacional impulsa también la creación de un equipo de seguimiento ciudadano, encargado de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos éticos asumidos, promover buenas prácticas informativas y publicar informes periódicos. Este mecanismo no solo procura fortalecer la autorregulación mediática y política, sino fomentar una cultura digital democrática, basada en la veracidad, el respeto y la corresponsabilidad.
Más allá del señalamiento público a quienes desinforman, el verdadero valor del acuerdo radica en su llamado a la adhesión ética. Firmar y participar equivale a reafirmar la defensa de la pluralidad de ideas, la dignidad humana y el respeto por el proceso democrático. En tiempos cuando la polarización amenaza con fragmentar el tejido social, la ética comunicacional se constituye en un pilar indispensable de la convivencia cívica.
Si Costa Rica desea preservar su larga tradición de democracia estable y pacífica, debe reconocer que la desinformación no es un problema marginal, sino un riesgo estructural para su cultura política. Normalizar los discursos de odio equivale a debilitar los cimientos de la libertad. La democracia se protege con el voto informado, con la palabra responsable y con la empatía hacia quien piensa distinto.
El desafío está claramente planteado. La solución, aunque compleja, depende de todos y todas: de los medios que informan, de las plataformas que distribuyen contenidos, de los partidos que disputan el poder y, sobre todo, de los ciudadanos que ejercen su libertad de expresión con responsabilidad.
La historia democrática costarricense ha demostrado que los consensos cívicos pueden más que las campañas de odio. Mantener viva esa tradición requiere valentía, pensamiento crítico y compromiso ético. La defensa del debate informado no es una tarea técnica ni burocrática: es un acto de patriotismo democrático, una apuesta por la verdad como bien público y por la convivencia como fundamento de la nación.
Aun no hay comentarios on El reto democrático ante la desinformación y el odio