En los próximos años Costa Rica deberá avanzar en el establecimiento de una nueva Ley de Radio y Televisión, en eso existe consenso, sin embargo es inaceptable que, bajo esa justificación, se  pretenda institucionalizar la  censura o limitar el libre flujo de información a los ciudadanos, imponiendo normas en detrimento a la pluralidad y diversidad.

Cualquier propuesta debe respetar el derecho de promover la diversidad de contenidos entre los tipos de medios de comunicación y dentro de estos, con apego a los estándares internacionales sobre la libertad de expresión.

Considerando:

• La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
• La  Declaración conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión de los relatores especiales sobre libertad de Opinión y expresión.
• La  Convención Américana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en especial su artículo 13, sobre Libertad de Pensamiento y de Expresión.

Fieles a esos estándares, cualquier propuesta debe respetar:

1. No imponer limitaciones al derecho de recibir o difundir contenidos, informaciones u opiniones libremente.
2.   Eliminar  toda posibilidad de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.
3.   Respetar la inversión de los actuales concesionarios y promover, dentro de las posibilidades tecnológicas, el ingreso de nuevos actores en condiciones de equidad, razonabilidad y justicia para todos. El esfuerzo empresarial debe ser reconocido y el surgimiento de nuevos actores debe ser promovido, por ejemplo, desde la banca para el desarrollo.
4.   Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. El Estado debe apoyar con procedimientos equitativos la obtención de licencias para nuevos medios en la transición de análogos a digitales. En especial, con tarifas no excluyentes.
5.   Establecer limitaciones a la concentración indebida de medios de comunicación para fortalecer la democracia.
6.   Impulsar políticas públicas promotoras y no sancionatorias, que fomenten la diversidad de contenido entre los tipos de medios de comunicación y dentro de estos, siempre que sean compatibles con las garantías internacionales a la libertad de expresión.

Es necesario un debate amplio, sin sesgos ni exclusiones, o segundas intensiones, que mediante el intercambio respetuoso de ideas y posiciones permita al país tener una Ley de Radio y Televisión moderna apegada a normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.