El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, ve con suma preocupación  la noticia divulgada por el Diario Extra el día de hoy. En  ella se denuncia plan para debilitar a es medio de comunicación

Ante ello lo primero que debemos de advertir es que la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, en su artículo, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de forma categórica prohíbe la restricción de esa libertad por vías o medios indirectos. 

En una democracia, como la costarricense, es indispensable que los medios puedan realizar su labor, sin ningún tipo de presión, es por ello que lamentamos que desde un banco estatal se urdiera un plan como el señalado, ello no es aceptable en ningún caso y mucho menos cuando el medio está realizando investigando asuntos de evidente interés público.

Es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación.   La Comisión Interamericana, de forma reiterada que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. [

En razón de lo señalado se hace un llamado vehemente para las autoridades competentes investiguen y disciplinen, según corresponda a los responsables de urdir el plan y de comprobarse su ejecución se sienten las responsabilidades que en derecho correspondan.

El hostigamiento a la prensa es ilegítimo y debe de ser denunciado. El año pasado la Sala Constitucional, ante un burdo intento, de otro banco estatal por acallar a la prensa señaló: “En el caso se constituye claramente en lo que la doctrina ha denominado censura indirecta, una forma de acoso ilegítimo de un medio de comunicación de parte de un ente público que no solo lesiona la libertad de expresión, sino el derecho de los ciudadanos de contar con mecanismos de información veraz en la democracia.

«Es una forma perversa y antidemocrática de utilizar fondos públicos para dirigir la opinión, según un sistema de ‘premio o castigo’ a quienes ejercen la libertad de prensa y libre expresión garantizada constitucional y convencionalmente.”