Centroamérica en la encrucijada de la verdad y el miedo

La libertad de expresión y el ejercicio periodístico seguro atraviesan su peor momento en décadas en Centroamérica. Ya no se trata únicamente de cifras o rankings internacionales: la verdadera alarma proviene de las historias cotidianas, de las voces quebradas o expulsadas, de los micrófonos que se apagan. Periodistas amenazados y exiliados, medios acosados desde el poder y redacciones que operan en la sombra describen un escenario donde el Estado, lejos de ser garante de derechos, se convierte, con demasiada frecuencia, en agente directo de intimidación y censura.

Los informes recientes de PROLEDI-UCR/Fundación Heinrich Böll, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la Red Centroamericana de Periodistas, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y Reporteros Sin Fronteras convergen en una misma conclusión inquietante: la región enfrenta un deterioro acelerado que redefine las fronteras de lo tolerable en democracia.

Costa Rica, históricamente señalada como el país más seguro para ejercer el periodismo en Centroamérica, ya exhibe grietas preocupantes. En los últimos años, el presidente Rodrigo Chaves ha impulsado una estrategia sistemática de descrédito que incluye ataques públicos, represalias administrativas y discursos hostiles hacia medios y periodistas críticos. La pauta institucional negada a medios incómodos, los insultos en cadena nacional, la exclusión deliberada de conferencias de prensa y la violencia digital contra mujeres periodistas no son hechos aislados: conforman un patrón de estigmatización institucional.

Casos como las amenazas de muerte contra la periodista Vilma Ibarra evidencian que el riesgo dejó de ser abstracto o meramente judicial. Ocurre en el espacio público, en redes sociales promovidas desde grupos afines al oficialismo, en un clima donde la crítica se penaliza y la independencia periodística se caricaturiza como enemiga del pueblo. El resultado: un 39% de las comunicadoras costarricenses admite autocensurarse para evitar agresiones.

Aunque la Sala Constitucional y organismos internacionales han condenado los insultos y ataques presidenciales, la respuesta institucional aún es insuficiente ante la velocidad con que avanza la intimidación.

El resto de Centroamérica refleja escenarios más extremos y consolidados de silenciamiento:

Nicaragua ha clausurado 54 medios y provocado el exilio de más de 280 periodistas desde 2018. El régimen ha convertido el periodismo independiente en delito.

El Salvador vive bajo un régimen de excepción que avala detenciones arbitrarias, vigilancia estatal y censura abierta. Entre enero y el 9 de junio de 2025 han salido de ese país en forma temporal o definitiva 43 periodistas.

Guatemala enfrenta la criminalización sistemática de periodistas que investigan corrupción, mientras pactos políticos cooptan el sistema de justicia. Es emblemático el caso de José Rubén Zamora, un destacado periodista guatemalteco encarcelado por motivos políticos desde julio del 2022.

Honduras registra una agresión contra comunicadores cada 38 horas, en un entorno donde el crimen organizado y la corrupción estatal operan sin contrapesos.

La ofensiva contra la prensa no se limita a leyes restrictivas o persecución judicial. Va acompañada de campañas digitales de desprestigio impulsadas por presidencias, partidos y operadores políticos. Esto genera un «efecto cascada»: parte de la población es inducida a ver al periodismo como enemigo, se normaliza la hostilidad y se amplifica la violencia digital multiformato. El resultado es una prensa más aislada, más vulnerable y más silenciosa.

El derecho a la libertad de expresión no pertenece únicamente a quienes trabajan en medios. Le pertenece a toda la ciudadanía, porque sin información libre no hay deliberación democrática posible. Cuando un periodista se autocensura, la sociedad pierde una pieza de verdad. Cuando un medio es acallado, la corrupción y el crimen avanzan. Cuando el miedo impone silencio, los abusos se vuelven norma.

Hoy, ningún país centroamericano —según el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)— goza de libertad plena de prensa. No es una coincidencia: es el síntoma de un deterioro democrático regional que exige respuestas urgentes.

Frente a esta encrucijada, la inacción es complicidad. Urgen medidas concretas:

• Reformas legales para despenalizar la labor informativa y eliminar normas que facilitan la persecución de periodistas. Un posible avance en Costa Rica, después de décadas de insistencia, ha sido la decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de darle en octubre pasado el primer debate a la eliminación de dos artículos de la Ley de Imprenta, para garantizar el ejercicio profesional de los periodistas. El principal es el artículo 7, que impone cárcel para periodistas por delitos contra el honor. El proyecto está en espera del segundo debate.
• Mecanismos de protección efectivos, especialmente para mujeres periodistas que enfrentan violencia de género y amenazas agravadas.
• Políticas públicas de prevención de la violencia digital, con enfoque de derechos humanos.
• Compromiso institucional real para frenar la estigmatización desde el liderazgo político.
• Una ciudadanía activa, que comprenda que el periodismo no es un adversario del poder, sino un aliado de la transparencia y la justicia.

Lo que está en juego no es únicamente la seguridad de quienes informan. Es la salud democrática de sociedades enteras. Sin prensa libre no hay contrapesos, no hay control del poder, no hay posibilidad de exigir rendición de cuentas. El silencio impuesto por el miedo perpetúa la impunidad y debilita los cimientos de cualquier proyecto democrático.

La región necesita recordar algo fundamental: una opinión pública libre, robusta y plural no es un lujo. Es la condición mínima para que la democracia —esa palabra cada vez más desgastada— pueda seguir llamándose Democracia.

Fuente: Crhoy.com https://crhoy.com/opinion/centroamerica-en-la-encrucijada-de-la-verdad-y-el-miedo/