Este caso inició el 29 de marzo de 1960 cuando se publicó en el periódico un aviso de una organización denominada “Comité para la Defensa de Martin Luther King y la lucha por la libertad en el sur”. El título de la publicación era “Escuchad sus voces que se elevan” (“Heed Their Rising Voices”). Debajo del texto se encontraba el nombre de 64 personas patrocinadores del aviso, entre ellas algunas figuras conocidas como Eleanor Roosevelt y otras 20 personas que se adherían a la publicación. El texto finalizaba con una exhortación a colaborar con la lucha por la libertad en el sur y con un cupón para que los lectores mandaran sus contribuciones.

El editor del New York Time, Ray Jenkins,escribió el 5 de abril una nota referida a ese texto donde además de citar varios párrafos, señalaba errores sobre ciertos hechos que aparecían en el aviso. Al leer la nota publicada por Jenkins, el editor de “Advertiser”, Grover Cleveland HallJr., hizo otra en su periódico que apareció el 7 de abril.  

Al día siguiente el Comisionado de la ciudad de Montgomery, L. B. Sullivan, remitió una carta al New York Times y a cuatro pastores negros en Alabama que aparecían en la publicación, requiriendo una retractación de las manifestaciones falsas y difamatorias publicadas por el diario.

Los abogados del Times respondieron que en el texto no se mencionaba a Sullivan y que los hechos descritos eran correctos, finalizando con un requerimiento a precisar las razones del por qué se les solicitaba una retractación.El 19 de abril inició una acción por libelo (escrito en que se calumnia o denigra a personas, ideas o instituciones). en los tribunales de Montgomery , reclamando una reparación por daños que ascendía a los US$500.000.

El juicio se realizó del 1 al 3 de noviembre de 1960 y el jurado condenó al diario y a los cuatro pastores a pagar US$500.000. El 30 de agosto de 1962, la Suprema Corte de Alabama confirmó el fallo.

El 9 de marzo de 1964, el fallo de la Corte de Alabama fue revocado por la Suprema Corte de Justicia. El juez William J. Brennan concluyó sobre la inconstitucionalidad de las reglas del common law aplicadas en aquel estado, e indicó que aunque se tratara de un litigio civil entre particulares, los tribunales de Alabama habían aplicado una regla del derecho estadual que imponía inadmisibles restricciones a la libertad de expresión y de prensa. Por ello, no interesaba que esa ley se hubiera aplicado en una acción civil y formara parte del common law, porque en definitiva lesionaba garantías constitucionales.

La conclusión fue terminante: si las palabras pretendidamente difamatorias están protegidas por la Constitución, no pierden tal protección por haber sido publicadas en la forma de un aviso pago. La conclusión también fue concluyente: ni el error sobre el hecho ni el contenido difamatorio son suficientes para levantar la protección constitucional que pesa sobre las críticas que se formulan a la conducta de los funcionarios públicos. 

La Corte determinó que la norma que debe ser aplicada por los tribunales cuando se publican declaraciones sobre funcionarios públicos no es meramente si la declaración en sí es falsa. El funcionario público que alega difamación contra su persona debe probar que las declaraciones falsas fueron publicadas con real malicia’. La Corte Suprema definió la real malicia como aquella declaración que se publica a sabiendas de que la información es falsa o de manera irresponsable ignora si la información es falsa o no. Si el demandante no logra probar malicia real, entonces la publicación mantiene su privilegio en virtud de la libertad de expresión. Tampoco puede ordenarle a indemnizar en daños como resultado de libelo o calumnia.

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