Caso Gomes Lund vs. Brasil: el principio de máxima publicidad

En abril de 1964 un golpe de Estado derrocó al gobierno del Presidente João Goulart en Brasil quien había adoptado medidas socialistas como la reforma agraria masiva, y otras en el sector de la salud y la educación.

Entre abril de 1972 y enero de 1975, las Fuerzas Armadas emprendieron repetidas campañas de información y represión contra los miembros de la Guerrilha do Araguaia, incluyendo su matanza y desaparición. Esta agrupación fue un movimiento de resistencia al régimen militar integrado por algunos miembros del Partido Comunista de Brasil.

La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos denunció que existían 354 muertos y desaparecidos políticos- En 1979 el Estado dictó una ley de amnistía y hasta la fecha no ha investigado, procesado o sancionado penalmente a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

A inicios de los años ochenta (80) las familias de las víctimas comenzaron una campaña para recibir información sobre las circunstancias de las desapariciones, la localización de los cementerios y sus restos. Las familias entablaron un pleito contra el gobierno de Brasil solicitando acceso a información. La Corte Suprema falló a favor de las familias en el 2007 luego de varios procesos judiciales e intentos del gobierno en apelar. A pesar de la victoria obtenida por parte de las familias, el gobierno de Brasil compartió información que no contenía lo que los familiares estaban solicitando. El gobierno de Brasil se amparó en leyes de amnistía que evitaban investigaciones criminales a acciones perpetradas por la dictadura militar. Asimismo, el gobierno de Brasil permitió al Ejecutivo clasificar y prevenir su divulgación permanentemente de cualquier información considerada una amenaza a la seguridad nacional. La gran mayoría de los archivos relacionados a la dictadura se mantuvieron en secreto.

En el año 1995, mientras aún se encontraban activos los pleitos judiciales en Brasil, las familias entablaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH falló a favor de las familias en el 2008. Luego de una respuesta negativa de parte del gobierno brasileño, el caso fue referido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2010.

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