Esta ley reconoce que ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles y obliga a quien recopila datos personales a obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos, así como a utilizarlos únicamente para los fines determinados. Los responsables de esas bases de datos, públicas o privadas, sólo podrán transferirlos cuando el titular del derecho haya autorizado.

Queda prohibido también el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros.