El debate público obliga a la tolerancia

miércoles 21 enero, 2015

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX, condena de manera enérgica la forma en que se ha expresado el diputado Jorge Rodríguez sobre la prensa; tachar a quienes cumplen con su labor de informar en los términos que lo ha hecho el legislador obliga a mucho más que una disculpa pública. En su lugar el señor Rodríguez propone al Plenario Legislativo que se lleve acabo un foro donde se analice el papel de la prensa costarricense. La propuesta en otro contexto podría ser un ejercicio valioso, no obstante los antecedentes generan, al menos, suspicacia.

La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.

Los límites de la critica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia.

Es así́ que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir criticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.  En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos debe ser mucho mayor que el de los particulares.

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