La subasta de frecuencias impulsada por el actual gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no fortalece el ecosistema mediático costarricense: lo debilita. Al imponer requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios pequeños, comunitarios y regionales, pilares esenciales del pluralismo democrático.
Los precios base para concursar —desde ₡4,8 millones para radio AM analógico hasta ₡805 millones para TV digital ISDB-Tb alcance nacional — se combinan con exigencias técnicas desproporcionadas y poco realistas para la realidad del país. El resultado es excluyente: emisoras locales, culturales y comunitarias quedan fuera antes siquiera de participar. Medios como Radio HIT, Radio Musical, Onda Brava, Radio Santa Clara o TV Sur han denunciado públicamente que no pueden competir bajo estas condiciones, recurriendo a acciones legales o trasladando sus contenidos únicamente a plataformas digitales, una alternativa que no garantiza acceso en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo limitada.
Esta no es solo una barrera económica; es una restricción a derechos fundamentales. Cuando las comunidades pierden sus radios y televisoras locales, pierden espacios de identidad, expresión cultural y vigilancia del poder. Se empobrece el debate público y se concentra la oferta informativa en manos de actores con mayor músculo financiero, reduciendo la diversidad de voces indispensables para la democracia.
La defensa del pluralismo informativo no es solo una exigencia legal, sino un deber ético que debe marcar el rumbo de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Costa Rica merece más voces, no menos.
Junta Directiva