El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) deplora la decisión tomada por la mayoría del Plenario Legislativo de archivar el proyecto de Ley 15.974, conocido como Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa. 

Esa propuesta legislativa buscaba reformar la legislación que permitió la única condena que ha enfrentado Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, por violación a la libertad de expresión. 

Ese mismo tribunal internacional, en el caso Kimel vs Argentina, en el año 2008, dijo que el uso de medidas penales a propósito de la expresión de informaciones u opiniones ha de ser excepcional, y la carga de la prueba ha de recaer en quien formula la acusación. El proyecto rechazado era un primer paso, aunque insuficiente, para poner la legislación costarricense a tono con esas exigencias.

Es falso que ese proyecto de ley creara beneficios particulares para los medios de comunicación de mayor rating o circulación, como muchos lo han dado a entender. Lo que sí aseguraba era que ningún ciudadano se viera atemorizado para expresarse y denunciar hechos de buena fe. Evidentemente, esto incluye a la prensa en su ejercicio cotidiano. También prevenía al país de enfrentar nuevas demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o los órganos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas. 

 La falta de apoyo a la propuesta fue una señal deplorable al hemisferio, de que en nuestro país se ignora la jurisprudencia y los estándares establecidos por una Corte internacional cuya sede se encuentra a escasos kilómetros del Congreso costarricense. Esto no debería suceder en un país que se precia de estar a la vanguardia en la defensa de los derechos de las personas. 

Lamentamos que la justificación del Poder Ejecutivo fue que ese proyecto era  «inviable» o que se argumente que “lo mejor es presentar otro”, y en estos diez años nadie  ha presentado una iniciativa  en ese sentido. Si como se ha dicho hay que  trabajar otros asuntos, lo correcto habría sido mejorar la iniciativa dictaminada  y en aquellos temas que, por procedimiento legislativo  ello no era posible incorporar otros aspectos, lo apropiado era presentar las iniciativas que ahora se anuncian.

La falta de reformas a la legislación actual va en contrapelo de las obligaciones del país según el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que recoge el compromiso asumido por Costa Rica de adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias” para hacer valer los derechos consagrados en la Convención. 

La decisión de no apoyar una reforma deja al país a la zaga en una región donde otros congresos, como el argentino y el salvadoreño, han adoptado reformas mucho más ambiciosas.

Por ello, el IPLEX llama a los diputado a no dejar pasar la oportunidad de reiterar al mundo el compromiso del Estado costarricense por la democracia, la libertad y los derechos humanos y asegurar, por los procedimientos legislativos que sean necesarios, que esta discusión  retorne a la agenda del Congreso para incorporar los estandares internacionales en la legislación costarricense.