Por: Raúl Silesky, en CR Hoy
https://crhoy.com/opinion/el-miedo-convierte-la-libertad-de-expresion-en-un-acto-de-valentia/
El miedo se ha instalado como un nuevo «poder de facto» en la vida pública costarricense, y sus efectos están erosionando silenciosamente la democracia y el futuro de las juventudes. No es un fenómeno abstracto: nace de decisiones concretas del poder político y del uso selectivo de las instituciones del Estado para intimidar, escarmentar y ejemplarizar.
Durante la administración recién pasada, el uso del aparato estatal contra voces críticas dejó de ser excepcional para convertirse en un patrón, visible en múltiples episodios documentados. Cierres administrativos exprés, denuncias fiscales que luego se desinflan, presiones para castigar o premiar medios con pauta publicitaria estatal y actuaciones cuestionadas de instituciones como Salud, Hacienda, PANI, ICE, INS, JPS, entre otros, configuran una misma lógica: mandar un mensaje a quien se atreva a incomodar al poder.
No es casual que, en paralelo, Costa Rica haya caído del puesto 8 al 36 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, desde 2022. Una democracia no se rompe de un día para otro: se va vaciando de contenido cuando el miedo reemplaza a la deliberación como mecanismo de control social y político.
La consecuencia más visible de este clima es la autocensura, que ya dejó de ser un temor teórico para convertirse en práctica cotidiana. La III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión de la UCR muestra que siete de cada diez personas consideran que la libertad de expresión está en riesgo, y casi la mitad admite haber dejado de expresar sus opiniones en redes por miedo a consecuencias en el trabajo o en la vida diaria.
Esa cifra tiene un significado profundo: ya no es el censor quien calla, sino el propio ciudadano quien se silencia para sobrevivir y detiene cualquier acción para evitar repercusiones. Cuando periodistas, académicos, diputadas o empresarios son blanco de denuncias, seguimientos o campañas de descrédito, el mensaje que reciben los demás es claro: «mejor no meterse». Y cuando el costo de opinar se percibe más alto que el beneficio de participar, la esfera pública se llena de voces afines al poder y se vacía de crítica honesta.
Una de las formas más corrosivas del miedo no es la que amenaza directamente al crítico, sino la que insinúa represalias sobre quienes ama. El testimonio de la exjerarca del PANI sobre llamadas desde Casa Presidencial en un caso de custodia vinculado al empresario y dueño de medio Leonel Baruch, así como las presiones denunciadas para influir en la situación laboral de familiares de personas críticas del gobierno, ilustran este tipo de intimidación oblicua.
También son elocuentes los relatos sobre presiones para despedir al esposo de una exministra de Comunicación que denunció irregularidades, o el despido de un diputado de su puesto en el AyA tras confrontar políticamente al Poder Ejecutivo. Cuando el mensaje que se instala es «si usted habla, podemos tocar a los suyos», el miedo deja de ser individual y se vuelve familiar, comunitario, generando una cultura de protección que pasa por callar, evitar temas sensibles o mantenerse lejos de todo lo que huela a política.
Ese es quizá el daño más profundo: el miedo convierte la libertad de expresión en un lujo que solo pueden ejercitar quienes no tienen nada que perder, cuando en realidad es un derecho que debería blindar, precisamente, a quienes más riesgos asumen por defender lo público.
La democracia no es solo votar cada cuatro años, sino convivir, disentir y construir acuerdos a partir del intercambio libre de opiniones. Cuando la crítica se castiga, la democracia se degrada a una formalidad procedimental mientras se vacía de contenido deliberativo.
Paradójicamente, encuestas recientes muestran que una mayoría de la población sigue diciendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero al mismo tiempo crece la simpatía por la «mano dura». Esa mezcla de adhesión declarativa a la democracia con tolerancia a prácticas autoritarias es terreno fértil para el «autoritarismo democrático»: se mantiene la fachada institucional mientras se normalizan la intimidación, el uso instrumental de las instituciones y la persecución selectiva.
Cuando un magistrado de la Sala Constitucional denuncia sospechas de vigilancia indebida mediante vehículos decomisados al narcotráfico, o cuando diputadas afirman sentirse perseguidas al punto de presentar denuncias penales, no hablamos de exageraciones individuales, sino de síntomas de un deterioro estructural. Lo alarmante es que el gobierno, lejos de reconocer la gravedad del fenómeno, ridiculiza algunas denuncias y rehúye explicaciones de fondo, alentando la idea de que quien cuestiona «dramatiza» o «hace show».
Las juventudes viven este contexto con una paradoja particular: por un lado, se informan y se expresan principalmente a través de redes sociales; por otro, las redes se han convertido en el espacio donde más aumenta la autocensura por miedo a represalias. Estudios sobre cultura democrática y juventud muestran, además, menores niveles de compromiso con la democracia y mayor propensión a la abstención, sobre todo entre generaciones más jóvenes.
Sin embargo, son precisamente las personas jóvenes quienes más valor conceden a la democracia entendida como espacio de interacción, intercambio de opiniones y responsabilidad ciudadana, siempre que esta tenga sentido en su vida cotidiana. La pregunta es demoledora: ¿qué significado puede tener un sistema que se dice democrático, pero donde opinar «de más» en redes puede costar trabajo, persecución o problemas para la familia?
La buena noticia es que también hay señales de esperanza: una amplia mayoría de la ciudadanía —incluyendo jóvenes— sigue pensando que la democracia es el mejor sistema para manejar conflictos, y ocho de cada diez personas están de acuerdo con que las juventudes ocupen puestos de representación popular. No se trata, entonces, de una generación apática por naturaleza, sino de una generación que percibe la distancia entre el discurso democrático y las prácticas del poder.
El miedo no es un accidente: es el resultado de decisiones políticas concretas y, por tanto, puede revertirse con decisiones democráticas igualmente concretas. Eso implica, entre otras cosas, desmantelar los patrones de uso instrumental de instituciones para castigar voces críticas, fortalecer los contrapesos, exigir transparencia a quienes gobiernan y reconfigurar las políticas de comunicación pública para que dejen de usarse como premio o castigo.
Pero nada de eso será sostenible si los habitantes y en particular, las juventudes, renuncian a la palabra por miedo. La defensa de la democracia hoy pasa menos por discursos solemnes y más por un gesto tan sencillo como valiente: atreverse a pensar distinto, a disentir sin odio y a recordar que el poder, siempre, es temporal.