El Estado es responsable de velar por el acceso de personas menores de edad a espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos, y la ley regula la difusión y comercialización de dichos activos. La responsabilidad recae en el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, adscrito al Ministerio de Justicia, y la Comisión de Control y Calificación.