El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) celebra la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que condena al Estado costarricense por violaciones a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información pública, en perjuicio de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Bolaños Acuña y David Chavarría Hernández.

El IPLEX participó de forma activa en este caso como coadyuvante dentro del expediente 24-025545-0007-CO, aportando argumentos en defensa del derecho a preguntar, repreguntar y obtener respuestas veraces y oportunas en el marco de la periodística laboral. La resolución judicial, contenida en la sentencia N° 2025-016964, marca un hito en la jurisprudencia constitucional costarricense al reconocer expresamente que las acciones del Presidente de la República y de funcionarios de alto rango constituyeron un acto intimidatorio y violatorio de derechos fundamentales.

Los hechos denunciados incluyen la interrupción de preguntas por parte del Presidente, la negativa a permitir repreguntas a funcionarios públicos, el apagado de micrófonos y la inaceptable acción de rodear con escoltas a periodistas durante una conferencia de prensa, creando un ambiente hostil e intimidante. La sentencia establece:

• Se declara con lugar el recurso de amparo interpuesto a favor de los tres periodistas, y se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en sede contencioso-administrativa.

• Se declara con lugar el recurso acumulado en contra del Ministerio de la Presidencia por negarse a responder solicitudes de acceso a información pública sobre el proyecto de jornadas laborales 4×3.

«El IPLEX asumió su rol de coadyuvancia con pleno convencimiento de que este caso no solo afectaba a tres comunicadores, sino que comprometía principios esenciales de la democracia. La censura sutil, el uso del poder para intimidar, y la deslegitimación del periodismo no pueden tolerarse en una sociedad libre», manifestó el Instituto.

El IPLEX reafirma que la libertad de prensa es un derecho colectivo, no negociable ni subordinado al poder político, y que los funcionarios públicos, especialmente en el más alto nivel, tienen la obligación de garantizar el respeto y el libre ejercicio de este derecho.

Una prensa libre es el mejor antídoto contra el abuso de poder.