Tres ciudadanos turcos, profesores de Derecho, interpusieron una demanda por dicho bloqueo donde invocan su derecho a recibir y comunicar informaciones e ideas. Además, alegan la vulneración del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual dicta que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, de opinión y de recibir o de comunicar informaciones o ideas. 

Los profesores adujeron que el bloqueo impacta sus actividades académicas y que también había un interés público más amplio en tener acceso a YouTube.

La apelación fue desestimada por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Ankara debido a que la orden de bloqueo se había impuesto de conformidad con la ley y que los demandantes no tenían legitimación para impugnar la orden. 

Los profesores apelaron, pero el Tribunal desestimó la apelación. Los demandantes apelaron entonces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El TEDH primeramente comprobó que los profesores habían utilizado activamente YouTube con fines profesionales y que esta plataforma les  permitía obtener información de interés sobre cuestiones políticas y sociales.  Remarcó, además, que Internet “se ha convertido en la actualidad en uno de los principales medios de ejercer el derecho a recibir y comunicar informaciones e ideas”. y que por su accesibilidad se ha mejorado el acceso a la información. 

El Tribunal reconoció que la medida afectó el derecho de los profesores de recibir comunicaciones e ideas y que el Tribunal de Ankara bloqueó el acceso a YouTube sin tener una ley que les confiriera ese poder. 

La Corte consideró que la orden de bloqueo podría ser considerada como una injerencia de una autoridad pública en el derecho a la libertad de expresión

Además, sostuvo que las autoridades deberían haber tenido en cuenta que el bloqueo de todo el sitio web impediría el acceso a una gran cantidad de información, y que inevitablemente afectaría los derechos de los usuarios de Internet.