El pasado 20 de noviembre fue el conversatorio Nueva Ley de Acceso a la Información Pública: importancia y repercusiones, con la participación de Jorge Córdoba, abogado especialista en derecho público, asesor parlamentario y docente de la UCR; Giselle Boza, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información UCR; Yanancy Noguera, periodista y presidenta del Colper y Alejandro Delgrado Faith, abogado y Magistrado Suplente de la Sala Constitucional.

Durante el debate, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), se comprometieron a realizar acciones para que este proyecto de ley no se convierta en “letra muerta”.

Las organizaciones consideran que la transparencia administrativa constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social, democrático de derecho, es esencial en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.

La iniciativa busca garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades del derecho de acceso a la información pública, como derecho fundamental tutelado en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El proyecto aprobado establece con claridad la obligación del Estado de ser proactivo en el suministro de la información pública a los habitantes, en forma pronta, gratuita, transparente, accesible y sin discriminación alguna.

La nueva normativa plantea que los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser interpretada en forma restrictiva, pues la regla general será el libre acceso a toda la información en manos del Estado.

Los panelistas destacaron el régimen sancionatorio interno para todo aquel funcionaria o funcionario público que infrinja esta ley.

Finalmente, el proyecto aprobado indica la protección jurisdiccional, al reiterar que el derecho de acceso a la información pública, como derecho fundamental de origen constitucional, será siempre susceptible de tutela judicial mediante el recurso de amparo establecido por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con los artículos 30 y 48 de la Constitución Política de la República de Costa Rica.