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En un voto histórico la Sala Constitucional ratificó ayer que a partir del derecho a la información -recabarla y difundirla- se puede identificar el derecho, de rango constitucional, de los periodistas a guardar reserva de las fuentes de la noticia. La Sala estimó que la libertad de información tiene una doble condición de derecho fundamental y de garantía institucional para crear una opinión pública libre y fomentar el pluralismo democrático, siendo que el referido secreto de las fuentes fortalece esas dos funciones. En la sentencia, cuyo ponente es el magistrado Ernesto Jinesta Lobo, se señala que el secreto de las fuentes no protege solo al informador o al informante sino a todo el conglomerado social que es titular del derecho a recibir información, de manera que es garantía de una prensa libre, fuerte, responsable e independiente. La Sala Constitucional estimó que el secreto cubre no solo las fuentes de información del periodista, sino también, los apuntes y archivos personales del comunicador. Los Magistrados Calzada, Mora, Armijo, Cruz y Salazar estimaron que el secreto de las fuentes tiene límites frente al juez penal, en tanto el magistrado Jinesta estimó que los límites a los derechos fundamentales deben ser impuestos por ley. Esta resolución obedece a un recurso de amparo interpuesto el 20 de abril del 2007 por Miguel Ángel Rodríguez contra el periódico La Nación. http://www.diarioextra.com/2008/mayo/01/sucesos09.php
Fallo redactado por magistrado Ernesto Jinesta Secreto también cubre apuntes y archivos de los comunicadores Voto responde ‘hábeas data’ del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Hazel Feigenblatt | hfeigenblatt@nacion.com La Sala Constitucional confirmó ayer que los periodistas tienen derecho a mantener la identidad de sus fuentes como secreto profesional y no pueden ser obligados a revelarla. “La Sala Constitucional señala que a partir del derecho a la información, de recabarla y difundirla se puede identificar el derecho a guardar reserva de las fuentes de la noticia”, indica el histórico voto 7548-08. El tribunal constitucional también determinó que el secreto profesional de los comunicadores cubre no solo las fuentes de información, sino también los apuntes y archivos personales del periodista. La decisión fue tomada por mayoría por los magistrados Ana Virginia Calzada, Luis Paulino Mora, Gilbert Armijo, Fernando Cruz, Roxana Salazar y Ernesto Jinesta, quien la redactó. Únicamente se pronunció en contra el magistrado suplente Federico Sosto. Una garantía. De acuerdo con el voto, “la Sala estimó que la libertad de información tiene una doble condición de derecho fundamental y de garantía institucional para crear una opinión pública libre y fomentar el pluralismo democrático. El referido secreto de las fuentes fortalece esas dos funciones”. La resolución prosigue: “El secreto de las fuentes no protege solo al informador o al informante, sino también a todo el conglomerado social que es titular del derecho a recibir información. De manera que este derecho es garantía de una prensa libre, fuerte, responsable e independiente”. En el voto de mayoría, los magistrados estimaron que el secreto de las fuentes tiene límites solamente frente al juez, en el sentido de que este puede ordenar la entrega de documentos. No obstante, ello podría ordenarse solamente en casos excepcionales y no incluye la posibilidad de ordenar que se revele la identidad de la fuente, según explicó el magistrado Armijo por medio del jefe de la Oficina de Prensa de la Corte, Fabián Barrantes. Solicitud denegada. El voto fue la respuesta a un recurso de hábeas data planteado por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien pretendía que la Sala IV exigiera a La Nación entregarle documentos utilizados en publicaciones sobre el caso ICE-Alcatel que lo involucran. El abogado del exmandatario, Rafael Gairaud, comentó ayer que es “derecho fundamental” de una parte aludida conocer la información documental que otra parte alega tener. “No estábamos pidiendo las fuentes, expresamente excluimos la fuente como objeto del recurso, y la Sala resuelve de forma totalmente contraria a lo que nosotros pedimos, saliéndose por la tangente”, aseveró. Gairaud dijo desconocer el contenido del voto pero aseguró estar sorprendido por la decisión, pues aseguró que tener acceso a la documentación que alguien dice tener en relación con una persona es un derecho garantizado en países como Alemania y España. http://nacion.com/ln_ee/2008/mayo/01/pais1520192.html Sala IV protege no revelar las fuentes Alejandro Arley Vargas Con un voto de mayoría la Sala Constitucional resolvió la tarde de ayer que los periodistas tienen el derecho de guardar reserva de las fuentes de la noticia, según informó la oficina de Prensa del Poder Judicial. El fallo obedeció a un recurso de amparo interpuesto el pasado 20 de abril del 2007 por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, contra el periódico La Nación. La Sala IV señaló que a partir del derecho a la información –recabarla y difundirla- se puede identificar el derecho, “de rango constitucional”. En la sentencia, expuesta por el magistrado Ernesto Jinesta, se señala que el secreto de las fuentes protege al informador, al informante y al conglomerado social que es titular del derecho a recibir información, de manera que es garantía de una prensa “responsable” e “independiente”. La Sala Constitucional estimó que el secreto cubre los apuntes y archivos personales de los comunicadores. http://www.aldia.cr/ad_ee/2008/mayo/01/nacionales1520307.html
Siete años sin una respuesta legislativaIplex insiste ante diputados para tramitar Ley de prensa y libertad de expresiónKarina Alpízar Corella
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El presidente del Iplex, Eduardo Ulibarri, considera que esta vez el Congreso ya no tiene tanta presión por el TLC y eso daría espacio, para tramitar la ley de prensa y libertad de expresión. |
Un año más se suma a la lucha de los comunicadores para que la Asamblea Legislativa muestre interés en suplir el vacío jurídico que pone en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Hoy al mediodía, representantes del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) tratarán el tema con los jefes de las fracciones legislativas, con la esperanza de que no todo, quede en un asunto de mero protocolo.
El encuentro se realiza en vísperas del Día Mundial de la Liberta de Expresión y Prensa, que se celebra el próximo 3 de mayo, y de la renovación del Directorio Legislativo; eventos que, más allá de una celebración, evocan a un llamado de conciencia de los legisladores.
La Ley de Libertad de Expresión y Prensa, expediente 15974, peregrina en el Congreso desde el 9 de julio de 2001, cuatro años después los diputados lo dictaminaron para que terminara desde ese momento guardado en un cajón. A pesar de que el 16 de octubre pasado hubo un intento por enviar el documento a la Comisión Plena Tercera para encaminar su tramitación, 29 legisladores se opusieron a la propuesta congelándolo como otras tantas propuestas jurídicas importantes para el país.
LA PRENSA LIBRE preguntó qué garantiza un verdadero interés o cambio de actitud en los legisladores tras la reunión y, no se convierta simplemente en palabras y buenas intenciones a propósito de una efeméride.
El presidente del Iplex, Eduardo Ulibarri, reconoció que no es posible garantizar que surgirá un verdadero cambio por la reunión, sin embargo consideró que el panorama legislativo es muy distinto al de hace dos años, no existe la presión ni la atención casi exclusiva a los temas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y su agenda de implementación.
Aunado a ello mencionó el cambio en la mayoría de jefaturas de fracción, lo cual -a su parecer- propiciaría el acercamiento a una nuevo enfoque donde la libertad de expresión y prensa tenga lugar en el plenario. La idea es impulsar el proyecto hacia su debate en una comisión plena donde pueda estudiarse y sumarle ajustes si así decidiesen los diputados, para suplir de una vez por todas el vacío jurídico en ese campo.
El Decano de la Prensa Nacional consultó a Ulibarri, en su opinión a qué responde la evidente falta de interés del Congreso en promover o dar trámite al proyecto de ley; tomando en cuenta que no solo ha ocurrido con la administración Arias Sánchez sino, con las anteriores.
“Mi percepción es que muchos diputados sienten que los medios de comunicación, en su mayoría, no son justos con el trato y la evaluación que realizan de la Asamblea, entonces la actitud de no ayudar a mejorar el ejercicio de la libertad de expresión es una forma de evitar una mayor, según creo yo, exposición a la crítica”, indicó el presidente de Iplex.
También mencionó que partiendo de esa visión, la mayoría de diputados creen que con esa ley se le daría un mayor poder a los medios de comunicación y podría perjudicarles; cuando en realidad no solo tiene que ver con el gremio de los profesionales en comunicación social sino, con la ciudadanía en general y el derecho a garantizar la libertad de expresión.
En deuda
El planteamiento jurídico para defender la libertad de expresión compila una serie de parámetros no contemplados en las leyes costarricenses, por ejemplo liberar a los acusados de delitos contra el honor de la obligación de demostrar su inocencia, como se establece en la “prueba de la verdad”, y a trasladar la carga de la prueba a los acusadores, como ocurre en los demás procesos penales.
En ese sentido, se plantea además derogar el artículo 7 de la Ley de Imprenta, donde se establece la cárcel como sanción contra “delitos contra el honor” presuntamente cometidos por medio de la prensa.
Aunado a ello se plantea aumentar de cinco a diez días hábiles el tiempo para responder a las querellas por esos delitos.
También liberaría a los periodistas y ciudadanos de la responsabilidad por las manifestaciones de terceros que sean citados en las publicaciones sobre temas de interés público.
A ello se suma, el establecer la “cláusula de conciencia” para proteger a los periodistas frente a eventuales exigencias empresariales de actuar contra la ética profesional.
Así como obligar a los medios electrónicos guarden por dos semanas grabaciones de los programas informativos y de opinión, como garantía de prueba para posibles ofendidos. Además de otros planteamientos en pro de la Libertad de Expresión.
La frase
“Me parece que la falta de interés en aprobar el proyecto responde a que la mayoría de diputados creen que la ley daría más poder a los medios y podría perjudicarles” presidente del Iplex, Eduardo Ulibarri.
http://www.prensalibre.co.cr/2008/abril/28/nacionales05.php
Breves País
Iplex pide aprobar Ley de Prensa
San José. Representantes del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) solicitaron ayer a los próximos jefes de fracción de la Asamblea Legislativa poner a discusión y aprobar en una comisión plena la Ley de Libertad de Expresión y Prensa que se dictaminó hace cuatro años. Eduardo Ulibarri, presidente de Iplex, dijo que el proyecto tiene implicaciones para toda la ciudadanía.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/abril/29/pais1516775.html#st1
Martes 29 de abril de 2008
RELOJ
Edición meridiana. Radio Reloj: de 11:00 a.m. a 12:00 m. d.
Diputados agilizarán tramite de proyecto de libertad de prensa. Los futuros jefes de fracción de la mayoría de partidos políticos se comprometieron con los representantes del Instituto para la Libertad de Expresión a agilizar el trámite del proyecto de Libertad de Prensa. El propósito es aprovechar el cambio de jefatura de los diferentes partidos políticos, además de que prácticamente ya se superó el tema del TLC y su agenda de implementación. La iniciativa lleva 7 años en la corriente legislativa. Para terminar su trámite los diputados se comprometieron a convocarlo a una Comisión plena. El Presidente Francisco Antonio Pacheco dijo que es un ámbito flexible para un eventual mejoramiento de la iniciativa.
Ven posibilidad de enviar proyecto a Comisión Plena
PIDEN DISCUTIR LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Elaborado por Armando Alonso González
Asamblea Legislativa
Representantes del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión,(IPLEX), se reunieron esta mañana con los próximos jefes de las fracciones políticas y el Presidente de la Asamblea Legislativa, para solicitarles que se discuta el proyecto 15974 "Ley de Libertad de Expresión y Prensa", cuyo contenido se dictaminó desde hace cuatro años.
A la reunión asistieron los futuros jefes de fracción, Francisco Molina, del PAC, Oscar Núñez, de Liberación Nacional, el independiente, José Manuel Echandi y el de Restauración Nacional, Guyón Massey, además del Presidente, Francisco Antonio Pacheco. Los demás jefes de bancada no pudieron asistir, pero enviaron a la actividad sus encargados de prensa.
Eduardo Ulibarri Bilbao, Presidente del IPLEX, manifestó que el propósito de la reunión consistió en aprovechar la coyuntura del cambio de jefaturas de los diferentes partidos políticos, además de que la Asamblea Legislativa al casi superar la etapa del TLC y su Agenda de Implementación, puede abrir un espacio para que se tramite con mayor oportunidad dicho proyecto de ley.
"El propósito es tratar de convencer a los jefes de fracción que entran, de la importancia de este proyecto que mejora el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica, para que reciba ya un trámite que nosotros esperamos que se le puede dar en una Comisión Plena", dijo Ulibarri.
Para Eduardo Ulibarri esa posibilidad trae varias ventajas, una de ellas, es que no entorpecería el trabajo del Plenario Legislativo, se daría la discusión en un grupo más pequeño, lo que posibilita poder introducir cualquier reforma o mejoras al texto que los diputados consideren necesario.
La iniciativa lleva siete años en la corriente legislativa, tres periodos constitucionales y siete legislaturas, por lo que los representantes de IPLEX consideraron ya debería tomarse una decisión.
Reforma
El Presidente de IPLEX, explicó algunas reformas importantes que se consideran en el texto, una de ellas dijo es la reforma a los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal, que se refieren a injurias, calumnias y difamación, aquí se incluyen más bien lo que en la doctrina internacional se conoce como el principio de la real malicia.
Otros de los puntos importantes de la iniciativa es que se establece la llamada Cláusula de Conciencia, que consiste en que ningún periodista debe de ser obligado por el medio de comunicación al cual trabaja, a desempeñarse en contra de la ética o de las prácticas reconocidas en la profesión.
"Estamos en estos momentos como en un territorio de incertidumbre, que nos parece que es muy inconveniente para el país y para la democracia en general. Este proyecto no es un proyecto para periodistas, es un proyecto que tiene implicaciones para toda la ciudadanía", explicó Eduardo Ulibarri.
A Comisión Plena
Varios de los futuros jefes de fracción, estuvieron anuentes a que dicha reforma sea discutida en una comisión con Potestad Legislativa Plena.
El diputado y Presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, consideró necesario que el proyecto fuera a una comisión plena, "me parece que incluso es un ámbito mucho más flexible para un eventual mejoramiento del proyecto ya sea desde el punto de vista de ustedes, o desde el punto de vista de otros diputados, pero por lo menos estaríamos cumpliendo con conocerlo a fondo y que se discuta."
Por su parte el futuro jefe de fracción de Liberación Nacional, Oscar Núñez, indicó que el propósito de su bancada es que el proyecto se discuta, lo cual consideró que en una comisión plena, podría darse un debate en mayores condiciones.
"La voluntad de Liberación Nacional de facilitar esa discusión y eso es un propósito que ciertamente no ha cambiado. Me parece que en el buen ánimo de la discusión, una de las libertades en la cual, quizás podamos destacar con mayor énfasis los recaudos de nuestra democracia, es la libertad de prensa ", comentó Núñez.
El diputado Francisco Molina, próximo jefe de Fracción del PAC, señaló que su agrupación política considera que tiene la obligación de proporcionar un ámbito en las que los periodistas tengan esa libertad, siempre y cuando haya responsabilidades.
En este sentido dijo que por su parte, sin comprometer la decisión de su fracción, tratará de que haya un buen ambiente de discusión del proyecto y conversará con sus compañeros de bancada para ver la posibilidad de que sea discutido en una comisión plena.
Finalmente, el diputado José Manuel Echandi señaló, que es urgente aprobar dicha iniciativa, debido a que a su criterio, el país está con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligatoriedad de modificar la legislación existente y ponerla acorde con la legislación a nivel internacional.
Escuchar a Eduardo Ulibarri»
Escuchar a Francisco Pacheco»
Nuevo impulso a la libertad de expresión
Dar un nuevo impulso al proyecto de reforma legislativa que pretende mejorar las condiciones para ejercer la libertad de expresión en Costa Rica. Este es el objetivo que se ha fijado el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), y, como punto de partida, realizará el próximo lunes 28 una reunión almuerzo con líderes de la Asamblea Legislativa. La actividad se vincula, además, con dos hechos de gran actualidad: la renovación, el 1° de mayo, del directorio legislativo y de las jefaturas de fracción, y la celebración, el 3 del mismo mes, del Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa. Al encuentro se ha invitado al presidente de la Asamblea, Francisco Antonio Pacheco, a los nuevos jefes y jefas de fracción, a los diputados y diputada independientes, y así como a sus directores de prensa. Eduardo Ulibarri, presidente del IPLEX, dijo que el proyecto se encuentra en trámite desde hace varios años, pero hasta ahora ha sido imposible que, tras su dictamen afirmativo, se ponga a votación y discusión. “Creemos que ya es hora de que el país modifique elementos esenciales de las leyes que afectan negativamente la libertad de expresión, para ponerlas a tono con la doctrina del Sistema Interamericano”, dijo Ulibarri. Recordó, además, que el objetivo del proyecto no es beneficiar a los periodistas, sino a todos los ciudadanos y a la democracia costarricense. El proyecto, conocido como “Ley de libertad de expresión y prensa”, reforma artículos de los códigos Penal, Procesal Penal y de Trabajo, así como de la antigua Ley de Imprenta. Su contenido fue dictaminado favorablemente el 22 de abril de 2004, y el objetivo es que pase a discusión de una Comisión Plena. |
23 abril, 2008.
Un largo proceso
El complejo camino para mejorar el ejercicio de la
libertad de expresión en Costa Rica
Los esfuerzos de periodistas y ciudadanos para que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas necesarias para mejorar el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica, tienen varios años. Hasta ahora, sin embargo, y pese al apoyo manifestado por dirigentes políticos, gobernantes y diputados, no se ha producido ningún cambio fundamental. El único, más simbólico que práctico, fue la eliminación de la figura del desacato, a principios del 2002.
La condena contra el periodista Mauricio Herrera, de La Nación, y otros casos judiciales en contra de periodistas y dirigentes de organizaciones civiles, por presuntos “delitos contra el honor”, sirvieron de estímulo para que el Colegio de Periodistas, varios directores de medios y otros profesionales de la comunicación insistieran, desde comienzos del año 2000, en la necesidad de modificar nuestra legislación sobre la materia.
El objetivo central era (y sigue siendo) adaptarla a los principios vigentes en el Sistema Interamericano y en varias democracias del hemisferio y del mundo.
La receptividad a la iniciativa fue más retórica que real hasta que, a mediados de 2001, el asesinato del comunicador Parmenio Medina produjo un clamor social en pro de la libertad de expresión.
Como iniciativa para presionar por el debate legislativo, un grupo de directores de medio presentó, en la oficina de iniciativa popular de la Asamblea Legislativa, un proyecto de enmiendas al Código Penal y otras leyes, con el propósito de mejorar las posibilidades de defensa contra las querellas por “delitos contra el honor”.
A partir de ese momento surgieron otras iniciativas y se activó la acción legislativa. Hasta ahora, sin embargo, el proyecto que, finalmente, fue dictaminado el 11 de agosto de 2005, ha estado paralizado.
El siguiente recuento resume los hechos más relevantes del largo e inconcluso proceso por mejorar el ejercicio de la libertad de expresión en el país:
- La moción para crear una Comisión mixta que estudie, analice y dictamine los proyectos sobre libertad de prensa y libertad de expresión fue presentada el 9 de julio 2001 por el diputado Daniel Gallardo.
- El 31 de julio 2001, el Plenario Legislativo aprobó la creación de la Comisión.
- El 27 de agosto 2001 se aprobó integrar la comisión con siete diputados: Daniel Gallardo Monge (Presidente), Belisario Solano Solano (Secretario), José Manuel Núñez González, Carlos Vargas Pagán, Alicia Fournier Vargas, Walter Muñoz Céspedes y Otto Guevara Guth.
- La primera sesión de la Comisión fue el 3 de setiembre de 2001. La última sesión (con otra integración) fue el 16 noviembre de 2005.
- El 23 de octubre de 2001, la Comisión dictaminó la derogatoria del tipo penal del desacato, que, en esencia, establecía como delito de acción pública las “ofensas” contra los funcionarios de los tres poderes del Estado.
- El 4 de marzo de 2002 el plenario aprobó la derogatoria del desacato.
- Tras las elecciones nacionales, 20 de junio del 2002 se integró una segunda comisión, con los diputados Aida Faingezicht Waisleder (presidenta), Laura Chinchilla Miranda (secretaria), Carlos Luis Avendaño Calvo, Federico Malavassi Calvo, José Humberto Arce Salas, Federico Vargas Ulloa y Carlos Benavides Jiménez. Posteriormente, Liberación Nacional sustituyó a Laura Chinchilla por Sigifredo Aiza Campos y el Partido Acción Ciudadana nombró a Marta Zamora.
- El 22 de abril de 2004 se dictaminó afirmativamente el proyecto conocido como Ley de libertad de expresión y prensa, Expediente 14.447. Contiene una serie de avances que nos acercarían a algunos los mejores estándares internacionales en la materia.
- El dictamen se archivó el 23 de julio 2005, por vencerse el plazo cuatrienal para su conocimiento.
- A principios de agosto de 2005, para “resucitar” el tema, se presentaron dos proyectos gemelos, uno como expediente 15.793 y otro con el número 15.974. El proyecto que se tomó como base fue este último. Se le dispensó de trámites para que no tuviera que regresar a comisión y quedara en la agenda del plenario.
- El Poder Ejecutivo ha indicado su intención de apoyar el proyecto. La primera vez fue el 22 de julio de 2006, pero en ese momento aclaró que no lo convocaría en las sesiones extraordinarias de agosto.
- Posteriormente, ante una conferencia internacional sobre valores periodísticos en nuestro país bajo auspicios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente Óscar Arias anunció que el proyecto Ley de Libertad de expresión y prensa sería uno de los que enviaría para debate en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, que comenzaban el 1. ° de diciembre. El envío se hizo, pero para darle prioridad al trámite del TLC la iniciativa se retiro del conocimiento de los diputados.
- El 29 de junio de 2006, el diputado José Manuel Echando presentó una moción solicitando que el proyecto dictaminado fuera remitido a la Comisión Plena Tercera, con potestad legislativa plena. La decisión, que requiere del apoyo de dos tercios de los diputados, no fue tomada.
- El 19 de octubre, el diputado Alberto Salom (Partido Acción Ciudadana, PAC) solicitó a los jefes de las bancadas enviar el proyecto de Ley de libertad de expresión y prensa a la Comisión Plena Tercera.
- El 20 de octubre, cinco partidos dijeron apoyar el envío de la iniciativa a la Comisión Plena Tercera.
- A partir del 1 de mayo 2007, con el regreso a las sesiones ordinarias, el proyecto debía ser puesto nuevamente a despacho, cosa que hizo el diputado Mario Quirós Lara.
23 de Abril
Testigo culpa a sandinistas de ordenar atentado en La Penca
Sueco declaró el 11 de marzo.
Periodista señaló a tres conocidos líderes del FSLN por el ataque
Edén Pastora sospecha que comunicador era parte del complot
Otto Vargas M. | ovargas@nacion.com
El periodista sueco Peter Torbiornsson, sobreviviente del atentado de La Penca, Nicaragua, señaló a tres dirigentes sandinistas como los supuestos autores intelectuales de la masacre.
Varios miembros de la prensa resultaron heridos de gravedad. El atentado ocurrió en momentos en que Pastora, alias Comandante Cero , luchaba por derrocar al régimen sandinista.
Tras casi 24 años de silencio, Torbiornsson acudió el pasado 11 de marzo ante la Fiscalía de Trámite Rápido, en San José, para ampliar su declaración.
El europeo sostiene que el exministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borges, y dos exjefes de la inteligencia de ese país (Renán Montero y Lenín Cerna) ordenaron la muerte de Pastora. Así consta en la denuncia, cuya copia está en poder de La Nación.
Trampa. Torbiornsson fue la persona que llevó al autor del atentado –el falso fotógrafo danés Per Anker Hansen– a La Penca.
Lo hizo como un favor para Renán Montero, según su decir.
“Él me preguntó que si yo podía ayudar a un fotógrafo danés a hacer contactos en Costa Rica. Me presentó al supuesto danés en Managua, en una casa de la zona de Altamira. Me dijeron que su nombre era Per Anker”, dijo Torbiornsson a la Fiscalía.
Al periodista José Adán Silva, del matutino nicaragüense Nuestro Diario , Torbiornsson le reveló –en relación con la conferencia de prensa en La Penca– que siempre sospechó que Hansen “fue mandado por los sandinistas en una misión de espionaje”.
La bomba iba oculta en una maleta que portaba el falso reportero gráfico, quien salió de Costa Rica horas después del atentado.
Falsa identidad. “La bomba salió de la caja fotográfica de Per Anker. Nos utilizaron como conejillos de indias para hacer un crimen con indescriptible brutalidad”, agregó el sueco en su testimonio.
El falso fotógrafo era en realidad el argentino Roberto Vital Gaguine. Unas huellas dactilares, aparecidas en una solicitud de visa para su ingreso a Panamá, confirmaron años más tarde su identidad.
Vital, de acuerdo con un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, murió el 23 de enero de 1989 durante la toma del cuartel de La Tablada, en Buenos Aires, Argentina.
Formaba parte del movimiento izquierdista Todos por la Patria (MTP) y pereció al derrumbarse el segundo piso.
Torbiornsson agregó al diario nicaragüense que Cerna y Borges le revelaron, en 1989, su supuesta conexión con el caso de La Penca.
Los políticos aludidos aún no brindan declaraciones a la prensa del vecino país. Renán Montero, una de las personas señaladas por el sueco, ya falleció.
Sorpresa. Hace escasamente un mes y medio, Peter Torbiornsson se reunió aquí con el periodista costarricense Nelson Murillo, otro de los sobrevivientes de La Penca.
En esa reunión habló sobre los supuestos autores intelectuales. “Yo le pregunté por qué guardó silencio tanto tiempo. Me dijo que en ese momento tenía gran incertidumbre frente a todo lo que había pasado y que temía que se malinterpretara que había ayudado, de forma intencional, a Per Anker.
“Dijo que se sentía muy mal al ser usado por los sandinistas para que este hombre atentara contra la vida de Pastora”, afirmó Murillo.
Añadió que Torbiornsson está enfermo.
“Me dijo que emocionalmente está mal y que ya no aguanta la presión. Esta versión es nueva y no deja de sorprender, pese a que el escenario ha cambiado. Debería sustentar con pruebas algo tan delicado y novedoso 24 años después de lo que ocurrió”.
Murillo informó de que el caso prescribirá el próximo 30 de mayo y que sus esperanzas se cifran ahora en la posibilidad de elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La fiscal Alejandra Arce indicó, mediante un portavoz, que la información del sueco será verificada.
Por su parte, Edén Pastora (blanco del atentado) sospecha que Torbiornsson fue parte del complot para asesinarlo (Vea nota aparte): “Sabía que esta persona (Vital) era un terrorista”.
En 1982, Roberto Vital Gaguine usó la falsa identidad de Per Anker para solicitar visa en Panamá. Sus huellas lo vinculan con el atentado.
En pocas palabras
Edén Pastora
Exlíder de ARDE, Nicaragua
‘Ellos iban por mi cabeza’
¿Lo sorprende la versión de Peter Torbiornsson ?
Para nada, Yo sabía eso y más. Torbiornsson fue la persona que, seis meses antes (del atentado), hizo el estudio de cómo vivía yo para realizar el operativo. Conmigo estuvo en el río (San Juan) como 15 ó 20 días.
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Pero él alega que lo utilizaron los sandinistas....
Él sabía que iban por mi cabeza. Trabajaba en conjunto con Roberto Vital Gaguine. Él sabía que esta persona era un terrorista y que trabajaba para la inteligencia nicaragüense.
¿Avala entonces su versión?
Después de tres meses de no poder matarme estaban desesperados y se les presentó la oportunidad durante la conferencia de prensa. Habían pasado como tres o cuatro meses sin que pudieran cazarme.
Se dice que usted también intentó matar a Daniel Ortega (actual presidente de Nicaragua).
En la guerra o te aplasto o me aplastas. Yo monté operativos, pero la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.) me los saboteó. Así es la guerra. Ocho veces quisieron eliminarme. La guerra es cruel. Hoy estamos en un proceso de reconciliación.
¿Ha hablado alguna vez con Torbiornsson ?
Él ha venido varias veces a mi casa. Me dijo que lo utilizaron, pero la verdad es que no. Él no aguanta su conciencia.
¿Cómo está el caso de La Penca en Nicaragua?
Aquí no hay ninguna causa. Yo siento que después de 24 años, cuando ya están cicatrizando las heridas, no es necesario hacerlas sangrar.
Estudio sobre investigaciones: CIDH llama atención sobre muerte de periodistas
Washington. EFE. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer a los países miembros a que otorguen la “máxima prioridad política” a atender y resolver la situación de impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó ayer un estudio sobre la situación de las investigaciones de asesinatos de periodistas entre 1995 y 2005 en la región.
De acuerdo con el estudio, en la década de referencia fueron asesinados 157 periodistas en 19 países de la región –entre ellos la costarricense Ivannia Mora– por motivos que pudieran estar ligados el ejercicio de la actividad periodística, y a finales del 2007 únicamente ha habido una condena en 32 casos.
La mayoría de los asesinatos a periodistas tuvieron lugar en Colombia, Brasil y México.
En Colombia, fueron asesinados 75 periodistas, pero solo siete fueron juzgados y condenados.
En Brasil hubo 23 asesinatos en ese lapso y solo nueve condenas.
Ivannia Mora, periodista costarricense, asesinada en el 2003. Archivo
Costa Rica: acusan a gobierno de restringir información medioambiental
26-02-2008 , 3:28 pm
SAN JOSE (AFP)Un sindicato de funcionarios y una organización defensora de la libertad de expresión denunciaron en Costa Rica un decreto del gobierno de Oscar Arias al considerar que restringe el acceso a la información pública medioambiental.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) expresó el lunes en un boletín la "más enérgica condena y el más fuerte repudio por la desafortunada y sospechosa decisión del gobierno que restringe el acceso de la ciudadanía a la información sobre procesos que se manejan en el Tribunal Ambiental", que está adscrito al ministerio de Ambiente.
Según la ANEP, la decisión del gobierno "favorecería los grandes intereses económicos que se han venido posicionando para controlar, de manera privada, todo lo relacionado con la ecología y el medioambiente costarricense".
Por su parte, el Instituto para la Libertad de Expresión (IPLEX), que dirige el periodista Eduardo Ulibarri, pidió al gobierno de Arias "enmendar el decreto ejecutivo", que entró en vigor el pasado 5 de febrero, porque "atenta contra el derecho de acceso a la información pública".
En una carta dada a conocer este lunes, Ulibarri señala que el decreto riñe "de manera directa con los derechos de los ciudadanos y con el compromiso de transparencia y respeto a la libertad de expresión".
© 2008 AFP
26-02-2008 , 3:28 pm
Redacción
El presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), Eduardo Ulibarri, presentó ayer una ponencia sobre libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.
La exposición se planteó durante una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del organismo.
Ulibarri fue el único representante de una organización nacional no gubernamental de América Latina invitado a exponer.
Durante su disertación analizó los alcances del artículo 13, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos y los aportes de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
“Así como la libertad de expresión es requisito de la democracia, así su ejercicio pleno depende de la vigencia de esta y, sobre todo, de su accionar mediante instituciones eficientes, confiables, independientes y legítimas”, señaló el experto ante la comisión.
Ulibarri destacó, además, el trabajo de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la vigencia de ese derecho.
En la cita participan las delegaciones acreditadas ante la organización, y también una serie de invitados especiales. Se convocó por mandato de la Asamblea General que se celebró en el 2006.
Además de Ulibarri, ayer expusieron el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Earl Maucker, y el decano de la Facultad de Derecho de American University, Claudio Grossman.
19/02/2008 12:00 PM
En una carta dirigida a Roberto Dobles, ministro de Ambiente y Energía, representantes del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), solicitaron enmendar un decreto emitido sobre las tareas del Tribunal Ambiental al considerar que atenta contra el derecho de acceso a la información pública.
El decreto se publicó en la Gaceta el pasado 5 de febrero y establece que “las partes y sus representantes y cualquier abogado tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y fotocopiar cualquier pieza del expediente, así como solicitar certificaciones de la misma, con las salvedades que indica el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública”.
Eduardo Ulibarri, presidente de Iplex, especificó en la carta dirigida a Robles, que la disposición además de discriminatoria , impide, sin justificación válida, el acceso de los ciudadanos a un tipo de documentación que es de interés público.
Ulibarri señaló además, que el nuevo decreto deroga lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto Ejecutivo número 25084, el cual establecía que una vez abierto el procedimiento, los expedientes se considerarán públicos y a ellos tendrán acceso, con fines de información , cualquier particular.
En este artículo también se exceptúan las circunstancias establecidas por el Tribunal mediante resolución razonada.
EF intentó conversar con Roberto Dobles, ministro de Ambiente y Energía, pero en su despacho dijeron que estaba fuera del país y que se intentaría obtener una respuesta sobre el tema del viceministro, Jorge Rodríguez.
Defensoría estudia posible acción
Limitan acceso a expedientes
Ronny Rojas
ronnyrojas@aldia.co.cr
Un decreto ejecutivo firmado por el presidente Óscar Arias y el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, restringe el acceso de los ciudadanos a la información de los procesos que lleva el Tribunal Ambiental contra quienes contaminan en el país.
El decreto, publicado en el diario La Gaceta el 5 de febrero, prohíbe que ciudadanos o la prensa consulten los documentos de los casos que investiga el tribunal, permitiéndoselo solo a las partes involucradas y a abogados.
La prohibición quedó establecida en el artículo 21 del nuevo reglamento del tribunal. La decisión contrasta con el reglamento original, de 1996, que consideraba estos documentos “públicos y accesibles”, para cualquiera.
Eduardo Ulibarri, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, consideró que la medida contradice la política de transparencia del Gobierno.
“Uno de los aspectos que me preocupa es que modifica una normativa mucho más abierta. Hay una lamentable contradicción entre el principio de transparencia, no como ejercicio de la política sino transparencia de los asuntos públicos”, dijo Ulibarri.
La Defensoría de los Habitantes también consideró dicha medida como restrictiva e innecesaria, y la estudiará “para valorar la presentación o no de una acción de inconstitucionalidad”.
Al Día intentó consultarle a Arias sobre el decreto, pero la directora de prensa de la Presidencia, Mishelle Mitchell, remitió cualquier consulta a Dobles a quien tampoco fue posible contactar ya que está en Mónaco.
Chaves, presidente del Tribunal Ambiental, defendió el decreto porque según él, se hizo para adecuar el reglamento del tribunal a la Ley de la Administración Pública.
http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2008/febrero/22/nacionales1434636.html
Fallo de la Sala constitucional
SUGEF NO ESTÁ OBLIGADA A DAR INFORMACIÓN A DIPUTADOS
Irene Vizcaíno
ivizcaino@nacion.com
La Sala Constitucional determinó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no está obligada a entregar información a la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Así lo resolvieron los magistrados al declarar sin lugar un recurso de amparo interpuesto en el 2007 por diputados de esa comisión.
Los legisladores pidieron informes sobre movimientos de empresas a las que estuvo vinculado el narcotraficante George Nayor, condenado en Estados Unidos.
La Sugef alegó que el caso estaba bajo investigación y no podía entregarla. Ahora la Sala apoyó su posición, sin que aún se conozcan los alcances del fallo.
Para el diputado Marvin Rojas, presidente de la comisión, el problema es que este fallo podría dejar indefenso a ese foro, pues le quita la posibilidad de pedir información a otros entes.
“Es preocupante porque limita la posibilidad de acción a una comisión tan importante cuyo fin es analizar y discutir las relaciones del narcotráfico con la sociedad costarricense”, expresó.
José Manuel Echandi, otro miembro de la Comisión, reaccionó enojado ante la resolución constitucional.
“Me parece que la Sala se equivoca y no aporta nada para la seguridad ciudadana, ni para que la Comisión funcione”, dijo molesto.
Incluso, adelantó que estudiará presentar su renuncia a este foro, pues una comisión investigadora que no puede investigar “está pintada en la pared”.
La Comisión de Narcotráfico tienen una función investigadora más que de elaboración de leyes. Fue creada para realizar pesquisas sobre eventuales vínculos entre el narcotráfico y políticos o instituciones públicas.
En este cuatrienio, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna investigación.
Precisamente, el caso Nayor fue el primero en que intentaron intervenir pero toparon con problemas para recolectar información.
Según Marvin Rojas, con este fallo habrá que replantear las funciones de este foro legislativo.
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/febrero/07/pais1414866.html
• Rechaza recurso de amparo:
SALA CUARTA DA RAZÓN A DIARIO EXTRA SOBRE DERECHOS DE IMAGEN
MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com
Los magistrados de la sala constitucional rechazaron un recurso de amparo interpuesto contra DIARIO EXTRA donde un menor de edad evoca derechos de imagen por una foto en la que aparece con los ojos tapados y se identifica con los apellidos.
La noticia fue publicada el 11 de octubre de 2007, bajo el título: “Carajillo mata taxistas cayó en manos del OIJ”, y se difundió la imagen y apellido ligándolo con una serie de homicidios y otra serie de actos delictivos. Apegados estrictamente al derecho se le taparon los ojos con una cinta negra.
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Esta imagen publicada en la edición del jueves 11 de octubre de 2007 donde se le taparon los ojos al menor detenido, tras ser sospechoso de varios delitos, fue motivo para que la Sala Constitucional emitiera jurisprudencia sobre los derechos de imagen. |
Ante esto el joven recurrió a la Sala Constitucional aduciendo que esa publicación le había generando un grave daño a la imagen, ya que lo estigmatiza ante toda la sociedad costarricense como un menor de edad delincuente o criminal.
Luego de analizar la foto y el contenido de la noticia los jueces emitieron jurisprudencia tras confirmar que el derecho de imagen es una extensión del derecho a la intimidad, protegido constitucionalmente, cuyo fin es resguardar el ámbito o esfera privada de las personas del público, salvo autorización expresa del interesado.
De esta manera, se limita la intervención en la vida privada de las personas y puede ser tanto en la observación y en la captación de la imagen como en la difusión posterior de lo captado sin el consentimiento de la persona afectada.
“No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado expresamente, que para que una persona pueda invocar la vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación de la persona presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su imagen”, según indican los magistrados.
Sin embargo, en el caso del menor cuya foto aparece en DIARIO EXTRA “no se logró identificar plenamente a la persona mostrada en la fotografía publicada, cuyo rostro fue parcialmente cubierto con una cinta negra en el sector de los ojos, que impide una completa identificación de sus rasgos físicos y por ende una plena identificación de la persona ante el público. Asimismo, no se menciona su nombre completo, motivo por el cual no se puede deducir o extraer con certeza la persona a la que se hace referencia, específicamente, que se trate del menor aquí amparado”.
http://www.diarioextra.com/2008/enero/18/sucesos06.php
Caso Parmenio Medina y Radio María
CHAVES CONDENADO POR HOMICIDIO Y CALVO POR ESTAFA
Tribunal impone 35 años a empresario Omar Chaves y 15 años a Minor Calvo
Jueces verifican que Luis Alberto Aguirre, ‘El Indio’, disparó a locutor
Carlos Arguedas C.y Nicolás Aguilar | carguedasc@nacion.com
El Tribunal de Juicio de Heredia condenó ayer al empresario Omar Chaves Mora por el homicidio de Parmenio Medina, y al sacerdote Minor Calvo Aguilar por estafa en perjuicio de los oyentes de Radio María.
En el fallo, leído a las 3:40 p. m. en la sala 12 de los Tribunales de Justicia de San José, le impusieron a Chaves 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y a Calvo, 15 años por el delito de estafa mayor.
Los jueces también consideraron a Chaves responsable del delito de estafa por el cual lo sentenciaron a otros 12 años de prisión.
Asimismo, dictaron sentencia absolutoria para Minor Calvo por el delito de homicidio que le atribuyó el Ministerio Público.
Otros imputados. Luis Alberto Aguirre Jaime, conocido como El Indio , recibió una condena de 30 años de cárcel también por el delito de homicidio calificado.
Según los jueces, fue una de las personas que disparó contra Medina, el 7 de julio del 2001, cuando el productor radiofónico llegaba en carro a su casa en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
Los restantes cinco implicados en este caso recibieron el beneficio de la duda y se les absolvió del cargo de homicidio.
Se trata de John Gilberto Gutiérrez Ramírez, Danny Smith Mata, Juan Ramón Hernández Pereira, Juan Gabriel Carvajal Angulo, Jorge Castillo Sánchez y Randall González García,
De ellos, solo Hernández, Gutiérrez y Castillo no tienen otros asuntos judiciales pendientes por lo que quedaron libres.
Empero, funcionarios de Migración los esperaban anoche a la salida de la cárcel de San Sebastián para revisar la condición migratoria de los tres. Al cierre de edición no fue posible conocer en qué situación quedaron.
Final. Con la lectura del por tanto de la sentencia, los integrantes del Tribunal de Juicio de Heredia, Zaira Sevilla Mora, Ileana Guillén Rodríguez y Álvaro Abarca Picado terminaron el juicio más largo de la historia costarricense, que inició el 6 de diciembre del 2005.
Los jueces hicieron una breve explicación del por qué apenas condenaron a tres de los implicados y se absolvió a los otros cinco.
Las principales observaciones las recibió el sacerdote Minor Calvo, a quien le reprocharon el aprovecharse de su investidura sacerdotal para dar un mal uso a los dineros que los fieles donaban a la antigua Radio María de Guadalupe, cerrada el 31 de marzo del 2001.
Igualmente, dijeron que en el debate se probó que Omar Chaves ordenó el pago a Luis Alberto Aguirre de una suma de dinero no determinada para matar a Medina.
Pros y contras. Rodolfo Medina, hijo del productor radiofónico fallecido, dijo: “Estamos satisfechos a medias porque hay gente que participó en el crimen y no ha sido condenada”. Sin embargo, consideró el fallo como un buen principio y que la justicia está cumpliendo.
“Mucha gente no habló por miedo y eso nunca debe suceder”, dijo.
En cambio, Rodrigo Araya, defensor del sacerdote Calvo, manifestó : “El padre esperaba salir hoy (ayer) de prisión. La verdad es que nos nos esperábamos esta sentencia. Apelaremos y sé que saldrá airoso, aunque se lleve más tiempo”.
Consideró que se ganó la batalla mayor pues “se demostró que no tuvo nada que ver con el homicidio”.
William Guido, abogado de Chaves, dijo que nunca esperó ese fallo. “El Tribunal está bateando, no hay pruebas contra Omar y lo ganaremos en Casación”.
Uno de los más ofuscados luego de concluida la lectura del fallo, fue Alejandro Calvo, hermano del sacerdote, quien vociferó al salir de la sala: “Esto es una injusticia. Yo perdí mi casa para ayudar con dinero en la defensa de mi hermano. No había pruebas y lo condenaron, es una barbaridad”.
El fiscal general Francisco Dall’Anese prefirió no ahondar en la sentencia, pero sí advirtió que durante el debate muchos testigos no llegaron a declarar porque se sintieron amenazados. “Voy a esperar a ver qué dicen los jueces”.
La víctima
Nombre: Parmenio Medina Pérez
Edad: 62 años
Oficio: Productor Radiofónico
Hijos: Cinco
Calidades: Asesinado
Parmenio Medina Pérez era productor radiofónico y dirigió desde 1998 el programa La Patada, donde revelaba detalles acerca de irregularidades en diversos campos del acontecer nacional con una mezcla de sarcasmo, denuncia y humor
Oriundo de Antioquia, Colombia, destacó por su estilo directo y, cuando empezaron las amenazas de muerte en su contra, no se amedrentó. Aunque tuvo custodia policial durante algún tiempo, renunció a los guardaespaldas “oficiales” para seguir su vida como si nada ocurriera hasta el 7 de julio del 2001, cuando lo mataron a balazos a pocos metros de su casa.
Testimonio
“Siempre dijo la verdad...”
Nombre: Alicia Medina
Calidades: Hija de Parmenio
“Nunca nadie pudo comprarlo. Fue un hombre honesto, trabajador y eso es lo que llena siempre mi corazón, aunque lo hayan matado. Murió por la verdad”.
“Nadie se lo esperaba”
Nombre: William Guido
Calidades: Abogado defensor
“Mi defendido, Omar Chaves, esperaba salir libre hoy pero está tranquilo y apelaremos. El Tribunal está bateando. No hay pruebas contra nadie”.
“Ganamos la batalla mayor”
Nombre: Rodrigo Araya
Calidades: Abogado defensor
“El padre Calvo no estafó a nadie y apelaremos esa resolución. Lo importante es que ganamos la batalla mayor, lo absolvieron por el homicidio”.
“¿De dónde sacan la estafa?
Nombre: María Inés Calvo
Calidades: Hermana del Padre
“No es justo. ¿De dónde sacan eso de la estafa si un juez había rechazado ese cargo antes? Creo que hubo mucha presión de los medios de prensa”.
Criterio
“Es mayor la reprochabilidad del actuar de (Minor) Calvo, que logró manipular una gran cantidad de gente para obtener dinero que no se usó para los fines destinados”.
Zaira Zevilla
Jueza del Tribunal
“Omar Chaves ordenó el pago a Luis Alberto Aguirre de una suma de dinero no determinada para dar muerte a Medina (...) y dirigió amenazas de muerte directas al ofendido”.
Ileana Guillén
Jueza del Tribunal
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