Desde que inició el Covid-19 a golpear el país el gobierno de la República organiza diariamente, un evento para explicar e informar sobre sus acciones para enfrentar la pandemia y dar la situación y el número habitantes afectados. Una acción que merece nuestro reconocimiento y que debe continuar mientras dure la pandemia.

Sin embargo, la iniciativa ha sido aplaudida por unos y criticada por otros: no por realizarla, sino por el mecanismo empleado. La prensa no esta presente en el lugar. Al transmitirse la actividad se sigue un procedimiento que consiste en que los periodistas mandan sus consultas previamente, el gobierno las escoge, los funcionarios dan sus informes y una persona va preguntando lo seleccionado y ellos responden, sin que el periodista pueda pedir aclaraciones o repreguntar.

Por ello, más que una conferencia de prensa estamos ante un acto de rendición de cuentas, donde se le informa directamente a los habitantes y a los medios lo acontecido o lo que se ejecutará. A las cosas se les debe llamar correctamente para evitar confusiones. Una conferencia de prensa requiere de un contacto directo y oportuno entre quien la convoca y los periodistas que asisten, sea virtual o presencialmente en un lugar amplio: sin filtros.

Por lo anterior, de continuar ese formato se deben implementar acciones que fortalezcan la transparencia y la atención personalizada inmediata a los periodistas para que, directamente, por teléfono u otro medio puedan realizar otras consultas, profundizar algún punto o pedir aclaraciones o explicaciones a los ministros o funcionarios respectivos.

Se debe garantizar el acceso a la información pública para todas las personas, pero en especial a los periodistas. Nada más peligroso que se sientan limitaciones al acceso a la información o deseos de controlar la libre circulación de las ideas.

Debemos recordar lo que nos señalan los expertos: Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Sr. Harlem Désir, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y Sr. Edison Lanza, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión: “el derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno.”